09 diciembre 2011

Vamos a contar mentiras, tralará




Ladran, luego cabalgamos. Esta celebérrima expresión apócrifa de Cervantes (en realidad pertenece a un poema de Goethe) podría servirnos para definir la postura actual del gobierno de Madrid y de la Consejería de Educación con respecto a la Marea Verde y su compromiso irrenunciable a seguir luchando por la Educación Pública. Lo que pasa es que los ladridos de estos pseudopolíticos (si Aristóteles levantara la cabeza) son más falsos que los billetes de 22 euros.

Esta primera semana de diciembre ha sido especialmente prolija en declaraciones institucionales bochornosas, mentiras flagrantes y apoyo mediático de parte de algún medio de la prensa del movimiento. Merece la pena puntualizar algunas cosas, más que nada por poner a cada cual en su sitio, que es lo suyo.

En primer lugar, el actual Consejero de Economía y Hacienda de Madrid (Percival Manglano) dejó algunas perlas hace unos días en una entrevista concedida al diario El País. Al ser preguntado sobre por qué los presupuestos del próximo año para Educación destinarán aún menos recursos económicos para los centros públicos y, sin embargo, aumentará la dotación para los privados y concertados, Don Percival respondió con este cínico planteamiento:

"El número de alumnos en la escuela pública secundaria lleva bajando 12 años. Es lógico que, cuando hay menos alumnos en la escuela pública, baje la financiación para ella. Son unos presupuestos que quieren apuntalar la libertad de elección de los madrileños. Si hay menos demanda para la pública y más demanda para la otra, la Administración tiene que responder a la voluntad de su población".

Si el número de alumnos de la pública ha descendido en esos años no es ni más ni menos porque, desde entonces (y especialmente en los últimos 8 o 9 cursos) se ha estado promoviendo de forma salvaje la construcción de centros privados y concertados en detrimento de los públicos. Hay multitud de barrios de la capital y prácticamente todas las localidades de la CM que llevan años solicitando colegios e institutos públicos, pero el gobierno y la Consejería ponen mil y una trabas a la hora de concederlos. Cada centro público que se abre, lleva detrás una lucha tremenda por parte de los vecinos y las plataformas educativas de distrito. Eso sí, los concertados y los privados brotan como churros. Con lo cual, esa libertad de elección a la que aluden tanto no es real, ya que son muchísimas las familias de cada barrio y localidad que desearían llevar a sus hijos a la Pública y que no lo hacen simplemente porque no hay un centro lo suficientemente cercano para ello. La idea es simple: Puedes elegir A o B. De A te ofrezco un centro, pero muy lejano; de B te ofrezco varios y en la puerta de tu casa. Pero la elección es tuya, claro.

Y no solo eso. Además, en el colmo del cinismo, el señor Manglano esconde que en los últimos 3 cursos, la matrícula en centros públicos se ha aumentado en Madrid. Así que, siguiendo sus propias palabras, si la demanda pública está creciendo en los últimos cursos, ¿por qué siguen cerrando centros, fusionándolos, poniendo impedimentos para su creación y, al mismo tiempo, favoreciendo la constante inauguración de colegios e institutos privados y concertados? ¿No ha dicho usted que la demanda impera?

Tampoco tiene desperdicio esta otra respuesta sobre los recortes de profesores de Secundaria este curso (por cierto, el periodista cifra en 1200 la cantidad de interinos “recortados”, cuando son casi el triple):

No ha habido recortes en la educación madrileña. No hay ningún alumno madrileño al que no se le pueda dar clase a causa de estas instrucciones. Tienen su educación garantizada.

Por supuesto que tienen la educación garantizada y claro que las Instrucciones no provocan que haya un solo alumno al que no se le esté dando clase, faltaría más. Hay una cosa que se llama Constitución, Don Percival, que garantiza la educación pública (al menos de momento). Lo que sí han provocado esos recortes (que tan cínicamente niega usted) es que la calidad de esa enseñanza se haya visto comprometida, sobre todo para aquellos alumnos con necesidades educativas más acuciantes.


En segundo lugar, me gustaría comentar un artículo publicado también hace unos días en La Razón. Es éste. Sin duda, uno los artículos más lamentables que he leído desde que se inició este conflicto educativo; más que nada, por la falta de rigor (un periódico siempre tiene que contrastar las 2 versiones de un conflicto, es lo justo), por no hablar ya del partidismo exagerado que destila, aunque esto es menos sorprendente (todo el mundo sabe de qué pie cojea este periódico); aún así, lo que es inadmisible es que publiquen mentiras. No sé de dónde han sacado eso de las 3 horas, pero es una falacia absoluta; es completamente falso que haya una sola reclamación que solicite una compensación de 3 horas complementarias por cada hora lectiva que exceda de las 18. Se está solicitando lo que marca la ley (Orden de 29 de junio de 1994): 2 periodos complementarios por cada lectivo. La Consejería, en sus Instrucciones de principio de curso y en posteriores circulares está ordenando a los equipos directivos y a los inspectores a compensar con un único periodo complementario el exceso y, por lo tanto, les está obligando a incumplir la legalidad vigente. Lo de las 3 horas es una invención de La Razón (o un error de dicho diario que alguien, los sindicatos, deberían exigir que se rectificara).

Por otra parte, las reclamaciones de horarios no están siendo impulsadas únicamente por los sindicatos, sino que los propios profesores, ya desde el mes de septiembre en el que comprobaron que sus horarios provisionales eran ilegales, se están moviendo para llevar a cabo esos recursos. También se ha contactado (a nivel particular y en grupo) con bufetes de abogados para cuando haya que interponer contenciosos. Ya lo hemos explicado muchas veces: hay suficiente jurisprudencia para avalar la ilegalidad de la interpretación que hace la Consejería con respecto a este tema. De ahí el miedo que tienen ante el aluvión de reclamaciones, y por eso mismo son constantes las zancadillas y coacciones a los equipos directivos y a los profesores para que no reclamen (como contábamos en el anterior artículo del blog). Evidentemente, no van a conseguir amedrentarnos.


Y para finalizar, como no podía ser menos, una de nuestra querida Consejera de Educación. El cinismo y la mentira sabemos que son armas habituales en muchos políticos. Pero lo de Lucía Figar es ya escandaloso. No recuerdo una sola intervención suya hablando del conflicto educativo en la que no mienta de manera vergonzante. Estas palabras a las que me voy a referir a continuación son especialmente graves (probablemente de lo más grave que haya dicho), porque se ha atrevido a involucrar en una falacia nada más y nada menos que al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mirad este video:



No voy a comentar nada sobre el discurso oficial que hace en esos 4 minutos acerca de la normalidad de los centros ya que son las mentiras habituales; simplemente recordar que no es cierto que se estén desarrollando las clases con normalidad, ni las tutorías, ni los desdobles, ni los refuerzos (solo hay que darse una vuelta por cualquier centro público y comprobarlo). Ella resume el caos diciendo “Hay alguna observación, pero se está arreglando…”. Está claro que domina el arte del eufemismo: "alguna observación", cuando todos los equipos directivos llevan reclamando recursos y personal desde hace 3 meses y no se están aprobando las Programaciones Generales Anuales porque los distintos proyectos educativos de los centros están patas arriba y son imposibles de cumplir con las actuales instrucciones. Y todo ello, con el 100% de los horarios ilegales y en proceso de acabar ante el juez.

Pero lo gravísimo es lo que dice del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Efectivamente, dicho tribunal ha rechazado un contencioso administrativo interpuesto por CCOO acerca de las Instrucciones de, ojo, 2010-2011 (el curso pasado). El sindicato estimaba que aquellas instrucciones vulneraban la ley en cuanto al aumento horario del profesorado (en ellas se indicaba que los horarios se cerrarían preferentemente con 19 horas lectivas) y de los jefes de departamento. Pero la sentencia del TSJM lo que dice claramente es que la eventual ilegalidad de las instrucciones (2010-2011) habrá de dilucidarse en el recurso que pueda interponerse contra los actos de aplicación de dichas instrucciones, es decir, contra los horarios del profesorado. Lógico. Y, casi con toda seguridad, volverá a decir lo mismo el año que viene ante la denuncia de las Instrucciones de este curso 2011-2012. Es de Perogrullo: el TSJM no entra a valorar la legalidad o no de las instrucciones en sí (sobre todo porque, efectivamente, la Orden de 29 de junio de 1994 permite que en determinados casos excepcionales se puedan cerrar horarios con más de 18 horas lectivas), sino que avisa de que será la aplicación de esas instrucciones lo que deba denunciarse de manera concreta (si entran en conflicto con la legalidad vigente) y, ahí sí, será donde pueda y deba dilucidar su ilegalidad. Es lo que ha pasado con las 5 sentencias favorables a los horarios que tenemos y que son la base de la jurisprudencia que hay al respecto. En una de ellas el juez dice claramente que no encuentra nada en las instrucciones que vulnere la ley, pero sí considera ilegal la interpretación que la Consejería hace de esas instrucciones con respecto a la Orden de 29 de junio de 1994. Para entenderlo fácilmente: las Instrucciones obligan a los equipos directivos a realizar horarios de 20 horas lectivas. Eso es legal y no se puede denunciar. Lo que sí se puede denunciar es que, en esa aplicación de las 20 horas lectivas, no se cumpla la compensación horaria que marca la Orden de 29 de junio de 1994. Es este incumplimiento (ordenando por la Consejería) el que se va a denunciar. Ningún profesor se niega a trabajar 20 horas lectivas, siempre y cuando se respete la legalidad de su horario en cuanto a los periodos complementarios o a algún otro aspecto que marque la normativa.

Lo que es muy sucio (además de completamente falso, y hablamos de algo muy gordo) es afirmar que el TSJM le ha dado la razón a la Consejería en su interpretación de los horarios de este curso, cuando la sentencia no tiene nada que ver con las instrucciones de este año y, en cualquier caso, no entra a valorarlas en cuanto que el juez entiende que sólo se ha de juzgar el uso y la interpretación que se haga de dichas instrucciones y no el documento en sí mismo. Hay que ser muy torpe para utilizar un argumento que, en realidad, está reconociendo implícitamente que la ilegalidad de los horarios sí puede ser reclamada y enjuiciada porque eso sí supondría una aplicación incorrecta de las instrucciones que vulnerarían, en ese caso, la legislación vigente.

Por cierto, y para terminar, esta semana también Lucía Figar despreció públicamente a un grupo de interinos que, pacíficamente, fueron a dejar constancia de su malestar a las puertas del IES San Mateo, al que habían acudido la Consejera y Esperanza Aguirre. Este grupo de profesores solicitó respetuosamente a Figar que se dignara a negociar una salida al conflicto; y ella les respondió con estas palabras: “Hay que empezar por aprobar una oposición”. Cada vez que habla, hace el ridículo. Ni sabe, ni quiere saber que la gran mayoría de los interinos que llevábamos años trabajando y que ahora no lo estamos haciendo por los recortes, hemos aprobado en alguna ocasión la oposición (incluso varias veces). Algo que ella, con el nivel intelectual que está demostrando desde que la sentaron en la silla más alta de la Consejería, no creo que pudiera hacer en la vida. Se olvida, además, de que su cargo también es interino. Y, tal y como está desempeñándolo, no me extrañaría nada que su interinidad terminase antes de lo previsto. Es de una necedad portentosa. Independientemente de su pésima gestión, ¿qué hemos hecho los profesores madrileños para tener una Consejera de Educación que no tiene ni la más mínima ídem?


02 diciembre 2011

El laberinto Figar



La Consejería de Educación de Madrid no sabe cómo salir del atolladero legal en el que Lucía Figar y sus asesores más directos (Delibes y Zurita Becerril) se han metido con las famosas instrucciones de principio de curso para los centros de Secundaria. Además de haber creado un conflicto social monumental tratando de acorralar y criminalizar a los docentes públicos y ninguneando a todos los alumnos de la Pública y a las miles de familias que se están uniendo cada día a la creciente Marea Verde madrileña (también se está extendiendo a otras comunidades autónomas), son dos los problemas de base legal a los que la Consejería no sabe cómo poner fin: los horarios ilegales y el rechazo de los claustros y los consejos escolares a unas PGA’s imposibles de cumplir con los recursos actuales de medios y personal. La estrategia que están siguiendo para salir de estos dos callejones sin salida es una muy sucia: coaccionando y amenazando a los docentes y a los equipos directivos para que no ejerzan su derecho reivindicativo ante las irregularidades que asolan los centros. Y es que, en esa iluminada idea que dio forma a las susodichas instrucciones (y que no tenía otra finalidad que la de recortar las plantillas y dar otra vuelta de tuerca al desmantelamiento de los recursos de la Educación Pública, iniciado en el curso anterior), Figar, Alicia Delibes, Zurita Becerril y el resto de asesores principales, se “olvidaron” de un pequeño detalle: la normativa legal que regula el funcionamiento de los centros educativos públicos. Un inoportuno “despiste”.

Por eso me ha resultado muy curioso ver cómo la Consejería se escuda ahora en las leyes y en los ordenamientos que regulan el funcionamiento de los centros para tratar de escapar con vida de esos dos problemones a los me refería antes: horarios y PGA`s. Estos dos asuntos están llevando por la calle de la amargura a la Consejera de Educación. Esperanza Aguirre, además, está presionando enormemente a Figar para que solucione este conflicto enquistado; la Presidenta (de puertas para adentro) hace responsable a Figar del desaguisado (algo muy habitual en Aguirre, por otra parte, cuando las cosas no salen bien: echarle la culpa a alguien y cortarle la cabeza si es menester). De ahí, quizás, el distanciamiento al que algunos medios han aludido veladamente entre Presidenta y Delfina (escenificado en la sorprendente abstención de Figar en el caso Granados).

Lo cierto es que la Consejería ha enviado una circular a los centros repleta de alusiones legales a la LOE y a la Orden del 29 de junio de 1994. Sí, esa misma Orden que se pasaron por el arco de triunfo a la hora de redactar las instrucciones y la misma LOE de la que hablan pestes siempre Aguirre y Figar. Podéis leer este documento en el fantástico blog de Profesorgeohistoria.

Merece la pena comentar algunos detalles con respecto a esta interesante e interesada interpretación que una vez más hace la Consejería de Educación.

  • En ese documento se recuerdan algunos artículos de la LOE y del ROC en los que queda constancia de la importancia de la PGA y del papel que desempeña en su formulación y elaboración el Claustro de profesores y, en su aprobación, el Consejo Escolar. Efectivamente, la PGA tiene que ser informada en el Claustro y, después, aprobada por el Consejo. Pero, y aquí está la clave, el Consejo tiene la obligación de respetar todos los aspectos docentes que el Claustro haya formulado. Es decir, que si el Claustro no aprueba mayoritariamente los horarios (o deja constancia de sus muchas irregularidades), si no aprueba el plan de atención a la diversidad (con los recursos actuales de los centros es imposible aprobarlo con un mínimo de calidad), o si tampoco da el visto bueno a otra serie de aspectos docentes como las actividades complementarias y extraescolares o los distintos planes y proyectos educativos que considere necesarios, el Consejo escolar no puede aprobar esa PGA. Sería algo absurdo desde el punto de vista docente y vulneraría, además, esos artículos 69.2 y 69.3 del ROC a los que hace referencia la citada circular o los artículos 127, 128 y 129 de la LOE, también resaltados en el documento.
     
  • Lo que me ha parecido ciertamente sorprendente en este escrito es el séptimo punto en el que se viene a decir expresamente que si la PGA (o cualquiera de sus partes) no fuese aprobada, quedarían en vigor y se prorrogarían de manera automática los proyectos educativos del curso anterior. Me he quedado a cuadros al leerlo; además, por más que he buscado en los distintos ordenamientos y leyes que regulan el funcionamiento de los centros públicos, no he encontrado nada que avale esa puntualización. O sea que, si la PGA no se aprueba (porque el Claustro de profesores considera que es inviable desde el punto de vista didáctico)… no pasa nada, se prorrogan los acuerdos del curso anterior. La pregunta que me surge automáticamente es sencilla: ¿Desde cuándo los centros tienen los mismos planes educativos, las mismas plantillas, los mismos horarios, las mismas actividades, las mismas decisiones curriculares y de atención a la diversidad de un año para otro? ¿Acaso no sirve precisamente para eso la PGA: para concretar cada año las distintas necesidades y respuestas que se dan a realidades educativas diferentes y cambiantes curso tras curso? ¿Por qué demonios se llama programación ANUAL? Espero sinceramente que los servicios jurídicos de los sindicatos estudien bien este asunto porque me da la sensación de que, nuevamente, la Consejería busca un subterfugio legal (amparado en una interpretación absolutamente partidaria), una triquiñuela, una trampa en definitiva, para escapar del problema.

  • El último apartado de la circular, resulta casi delirante y se refiere al otro gran tema: los horarios. Increíblemente, tras casi 3 meses de clase, los profesores siguen sin tener su horario definitivo. Ahora, la Consejería ha decidido devolvérselos de nuevo indicándole a los equipos directivos que no se puede hacer ninguna anotación en ellos (para evitar comentarios de disconformidad). Una coacción más y una forma tremendamente zafia de tratar de cansar a los profesores y amedrentar a los directores y jefes de estudio. Algunos equipos directivos habían mostrado su disconformidad con la ilegalidad de los horarios al hacérselos llegar a la Inspección. Y muchos profesores los habían firmado también con el “no conforme”. La Consejería está llamando a los directores amedrentándoles de nuevo para que éstos convenzan a los profesores de que los firmen sin ninguna apostilla o comentario. En realidad, da exactamente igual. La firma del horario por parte del profesor es puramente testimonial; solo atestigua haberlo recibido. Con lo cual, los recursos de alzada seguirán su trámite como si tal cosa. Ésta de los horarios es una batalla totalmente perdida por la Consejería. Su ilegalidad es manifiesta y está ampliamente documentada y avalada por suficiente jurisprudencia.

Así están las cosas en la Consejería de Educación. Si no fuera tan triste, tan sucio y tan injusto todo lo que está ocurriendo, sería casi cómico. Si los profesores y los equipos directivos se mantienen firmes en sus reivindicaciones y en las decisiones que están tomando hasta el momento (ajustadas perfectamente a derecho e impecables desde el punto de vista educativo), no creo que tarden mucho en rodar cabezas en la Calle Alcalá. Lo raro es que todavía no haya dimitido nadie. Aunque, pensándolo bien, no es tan extraño si tenemos en cuenta el nivel profesional y ético de los personajes que han montado todo este lamentable circo.

Por cierto, ya que los servicios jurídicos de la Consejería parecen haber releído la Ley 2/2006 de 3 de mayo que tanto odian Aguirre y Figar, no estaría mal que les recordasen a ambas uno de los artículos de ese texto. Si desde el principio hubieran respetado dicho artículo, no estaríamos en la situación caótica que nos encontramos. Es el 122 y dice lo siguiente:

  • Los centros estarán dotados de los recursos educativos, humanos y materiales necesarios para ofrecer una enseñanza de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

En ese artículo se hace referencia a todos los centros, públicos y privados. Y no solo a los que pertenecen a un determinado modelo. Pero más claro queda aún en el Preámbulo de la mencionada Ley 2/2006:

  • Todos los centros sostenidos con fondos públicos deberán recibir los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir sus tareas. Para prestar el servicio público de la educación, la sociedad debe dotarlos adecuadamente.

Lástima que la sociedad esté maniatada por tan lamentables dirigentes como los de este gobierno de Madrid y esta Consejería de Educación.

Por último, me gustaría reseñar otro extracto de la LOE: Capítulo 1, artículo 2, punto 2. Aunque éste resulta tan tristemente irónico (teniendo en cuenta las circunstancias actuales), que me da hasta vergüenza ajena transcribirlo:

  • Los poderes públicos presentarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y la formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación.

En lugar de eso, en Madrid, los poderes públicos educativos se dedican a criminalizar a los profesores, a cerrar bibliotecas, a eliminar recursos educativos, a despreciar completamente la investigación y la experimentación, a coaccionar a los docentes y a los equipos directivos, a ningunear la orientación educativa y, en definitiva, a empobrecer la calidad de la enseñanza ofertada a los alumnos con el único fin de dirigirlos al modelo educativo privado. Esa es la igualdad de condiciones que tanto propugnan Aguirre y Figar. No me extraña que detesten tanto la LOE. Lo que olvidan demasiado a menudo estos dirigentes públicos (interinos también) es que el hecho de no estar de acuerdo con una ley, no les exime de su cumplimiento.