La privatización de la educación pública madrileña

Ya he comentado en algún otro artículo del blog que el pretexto en el que la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación basan los recortes educativos en centros públicos es completamente falso. Es una mentira sin matices de ninguna clase. “Necesitamos ahorrar 80 millones de euros” ha dicho Lucía Figar. Pero olvidó puntualizar que esa cantidad solamente saldría del presupuesto destinado a los centros públicos (además de cargarle la factura del recorte de plantilla a las arcas del INEM, con lo cual, el ahorro es discutible). Ha olvidado también explicar por qué los recortes no afectan a la educación concertada o privada, ni a otras partidas presupuestarias (como los sueldos de los asesores o cargos directivos de la Consejería; no han caído en lo de predicar con el ejemplo, supongo). Tampoco Lucía Figar barajó siquiera la posibilidad de reunirse con los propios centros y estudiar un plan de ahorro con los equipos directivos. Era mejor meter el tijeretazo y devaluar un poco más un sistema educativo (el público) al que el gobierno de la CM detesta. Otro paso más en su objetivo final de marginarlo y reducirlo a minorías, mientras, por supuesto, se promociona y subvenciona el otro modelo, el que no es gratuito, el que se puede gestionar de manera empresarial.

Y es que la Educación es un bocado muy apetitoso para las empresas. Es un mercado que aún se puede explotar muchísimo más y, en estos momentos de sequía, resulta verdaderamente jugosa esa opción. Son cientos de miles de potenciales clientes. Hay negocio para muchas empresas y, algunas de ellas ya están invadiendo las aulas públicas como la fundación Empieza por Educar o planes de externalización encubiertos, como el Plan Refuerza. Y eso es solo el principio. En estos días han aparecido diversos anuncios en medios escritos en los que empresas de servicios y de trabajo temporal demandaban profesores para encargarse de refuerzos y clases de apoyo en centros públicos. Esas horas, por supuesto, les han sido arrebatadas a los profesores e interinos que las venían realizando. Tal es el nivel de obscenidad en este sentido que la Consejería ha contratado a profesores de la Fundación de la familia Botín que mencionaba antes (Empieza por Educar) y a profesores foráneos para ocupar vacantes en centros públicos, cuando cientos de funcionarios en expectativa están siendo obligados a aceptar sustituciones y bajas por enfermedad de otros compañeros para poder trabajar este curso. La Consejería ha aprobado recientemente una serie de subvenciones para los refuerzos y apoyos en centros concertados y privados. Mientras, en los públicos, se eliminan o se venden al mejor postor.

Si todo esto fuera únicamente por dinero (no por ahorrárselo a las arcas públicas, como argumenta Lucía Figar, sino para que se lo lleven algunas empresas), ya sería escandaloso. Pero no es solo cuestión monetaria. Hay algo más. ¿Por qué a un gobierno conservador y de corte neoliberal le interesa que la Educación esté gestionada por empresas privadas y fundaciones católicas? Es una pregunta retórica, evidentemente. Otra: ¿Qué valores se deben inculcar a un niño en la escuela? Y no hablo de valores políticos, en absoluto. Hablo de valores morales y transversales (esos en los que tanto incide la Ley Orgánica de Educación). ¿La pluralidad, la diversidad de ideas, el esfuerzo, la superación, la libertad? ¿O la segregación, la uniformidad, el conservadurismo y el valor diferenciador de la riqueza? ¿Es mejor la educación que cuesta dinero y excluye a un tipo de alumnado con necesidades educativas o la que es gratuita para todos y defiende esa diversidad como una máxima indiscutible?

El gobierno de Esperanza Aguirre, desde que ella es presidenta, ha conseguido que la educación pública haya igualado prácticamente su número de alumnos con la concertada/privada. Es una cifra que viene cayendo en picado y, de seguir esta progresión, al término de su mandato se estima que menos del 30-35% de alumnos estarán escolarizados en un centro público. Ella siempre habla de “igualdad de oportunidades”. Que las familias elijan la mejor opción de las dos. Pero juega con cartas marcadas. Los barrios y distritos de Madrid y sus localidades se las ven y se las desean para conseguir que se levante un centro público. Han de esperar años y años para la concesión, recoger firmas en la mayoría de los casos y recurrir casi a la súplica para que la Consejería les atienda. Sin embargo, los concertados y privados brotan como gotas de agua en la lluvia; y muchos de ellos, edificados sobre suelo público negado previamente para ese fin.

Hace unos días, la propia Esperanza Aguirre (con esa incontinencia verbal que la caracteriza y que tan poca gracia le hizo en esta ocasión a Mariano Rajoy), destapó sus cartas al reconocer públicamente que, quizás, habría que replantearse la gratuidad de los tramos educativos no obligatorios. Con lo cual, después de haber privatizado las escuelas infantiles, de haber comenzado la privatización de la Formación Profesional (imitando el modelo alemán que tanto ha elogiado la Presidenta), el próximo objetivo es, claramente, la privatización del Bachillerato.

Todo este entramado ideológico se puede camuflar como se quiera. Y se puede aprovechar la crisis como excusa. Pero no somos tontos. Desde el momento en el que los recortes solo se producen en la Educación Pública mientas que, al mismo tiempo y para mayor cinismo, se subvenciona y promociona el otro modelo no gratuito, ¿quién va a ser tan estúpido de creerse que esto es un problema puramente económico? La Consejería de Educación de la CM lo que quiere es desprestigiar por completo a la pública para propiciar el trasvase a la concertada y privada. Por eso ha organizado el caos que reina actualmente en los centros públicos debido a unos recortes imposibles de asumir con una plantilla diezmada y por eso sigue criminalizando a los profesores. El plan de Esperanza Aguirre y Lucía Figar es clarísimo: Desmantelemos la pública. Hagamos que sea un caos, un desastre. Pongamos a los profesores en contra de los padres y de toda la sociedad. Y luego, en esa vorágine de odio y recelo hacia ellos y el modelo que representan, ofrezcamos la calidad y la excelencia de los centros privados y concertados. Esa es la idea. Pero se olvidan de una cosa: no todos los padres creen en el modelo de educación clasista que quiere imponer la CM. Muchos siguen creyendo en la verdadera igualdad de oportunidades que ofrece el modelo público. Y así lo están demostrando en las Asambleas, en la AMPAS y en la calle junto a los profesores.

Cada vez más gente, más ciudadanos y padres, saben que los profesores de Madrid no están luchando ni se están manifestando por trabajar menos o cobrar más. No hay ni una sola reivindicación económica en sus manifiestos, ni una. Están luchando para evitar la destrucción de la Educación Pública, para detener la privatización que ya ha comenzado en los centros públicos. Están luchando por un modelo educativo libre, igualitario y plural. De todos y para todos.

De ahí el odio que despierta esa noble lucha en el gobierno de la CM y en la Consejería. De ahí esos ataques directos a la profesionalidad de los docentes. De ahí los insultos. Porque no es cuestión de dinero, ni siquiera de derechos laborales exclusivamente. Es, sobre todo, una cuestión de idearios completamente opuestos: el que defiende la máxima igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, y el que apuesta por limitar esas oportunidades para aquellos que puedan pagarlas exclusivamente. Con todas las dudas en cuanto a la calidad y todo el negocio que este segundo modelo conlleva.