23 septiembre 2011

Difama, que algo queda


Una de las cosas que más ha escocido y sigue escociendo al colectivo de docentes de la Comunidad de Madrid en toda esta crisis educativa es la actitud insultante y vejatoria de la Administración (en concreto, de la Presidenta y de la Consejera). También de sus medios afines: esos periodistas y colaboradores de televisiones, radios y periódicos que todos conocemos, cuya labor propagandística atenta contra cualquier objetividad y roza, en muchas ocasiones, los límites morales que un profesional de la información debería respetar siempre. Sabemos que todo responde a una misma estrategia (orquestada desde arriba) y que tiene como finalidad el desprestigio absoluto y la criminalización del profesorado de la Pública. Jamás se escuchará en estos medios o en las voces de Esperanza Aguirre y Lucía Figar una crítica a la escuela privada, claro está.

Uno de los últimos insultos que un periodista de Intereconomía dirigió a los profesores fue hace 2 o 3 días. Este "señor" se permitió el lujo (al comentar la manifestación del día 20) de calificar a los docentes que estaban allí ejerciendo su derecho a huelga con palabras tales como payaso, gilipollas, tonto o idiota; y lo hizo, además, con una violencia sencillamente espeluznante:
  



Este mismo "caballero" (Eduardo García Serrano se llama) fue el que no hace tanto, protagonizó uno de los momentos más desagradables de la historia de la televisión insultando gravísimamente a la Consejera de Sanidad de Catalunya. La acusó de proxenetismo, de incitar a los menores a prácticas sexuales aberrantes y la llamó guarra, puerca y zorra repugnante:




Yo ya estoy harto de que me insulten. No creo que sea justo. Nosotros, los profesores (incluso los que estamos en el paro) tenemos el mismo derecho a defender y denunciar nuestra situación laboral que el resto de trabajadores. Y no merecemos una campaña de difamación como ésta; y mucho menos que esa campaña esté alentada y protagonizada en primera persona por la Presidenta de la CM y por la Consejera de Educación. Esto último es lo más grave y lo que más dolor está provocando a todo el colectivo. Un dolor que, evidentemente, se está transformando en ganas de luchar, de manifestarse y de secundar las huelgas. Pero aún así, no es de recibo y no estamos dispuestos a admitirlo.

Al fin y al cabo, que nos ataquen Eduardo García Serrano, César Vidal o Salvador Sostres, pues es casi un honor. Cualquier crítica que salga de personajes tan retrógrados como ellos, yo me lo tomo como un cumplido. Si hablasen bien de nosotros, me preocuparía, la verdad. Eso sí, el insulto y la violencia verbal que emplean en sus opiniones y los descalificativos plagados de odio, resultan de lo más humillante y doloroso. Se puede opinar y criticar sin caer tan bajo, creo yo.

Pero lo que es inaceptable absolutamente (por ser cargos públicos al servicio de todos los ciudadanos, también de los profesores) es lo de Esperanza Aguirre y Lucía Figar. Llevan 3 meses difamando y denigrando al profesorado. Vagos, insolidarios, manipuladores, irresponsables o violentos son algunos de los calificativos que repiten constantemente. La Consejera, incluso, llegó a decir que los profesores que acudíamos a las manifestaciones éramos los mismos que pegaban a los peregrinos. Les hemos pedido que se retracten públicamente (incluso se han recogido firmas a través de iniciativas como ésta), pero la campaña de difamación parece no tener fin. Una cosa es llevar a cabo recortes contra un colectivo y tratar de disculparlos o de camuflarlos; y otra muy distinta es, para argumentar esos recortes, insultar a ese colectivo tratando de poner a la sociedad en su contra. Eso es jugar muy sucio.

Las preguntas que nos hacemos los 20.000 profesores afectados por esa campaña tan ruin, es la siguiente: ¿Los trabajadores de un organismo público tienen que admitir que sus propios dirigentes difamen su imagen y desprestigien su labor de esta manera? ¿Es justo eso? ¿No hay nada que nos ampare ante este ataque?

Pues bueno, sí que lo hay. Y no me refiero únicamente al Código Penal que tipifica claramente los delitos contra el honor o al artículo 18 de la Constitución que dice: Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Ni siquiera me voy a extender demasiado con la Ley Orgániza 10/1995 de 23 de noviembre que recoge los siguientes artículos:

  • Artículo 205: Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
  • Artículo 208: Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
  • Artículo 211: La calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante.

¿Es una calumnia decir que un movimiento asambleario de profesores surgido a principios de julio está dirigido políticamente por un partido? ¿Es una injuria pública llamarnos vagos, violentos o irresponsables?

Con todo y con eso, ni siquiera nos haría falta recurrir a la legislación civil o penal. La propia Presidenta de la Comunidad de Madrid siempre se ha mostrado satisfecha y orgullosa de aprobar la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor. Veamos qué dice esta ley:

  • Artículo 1: La presente Ley tiene por objeto reconocer y reforzar la autoridad del profesor y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar el derecho a la educación.
  • Artículo 3c) Principios generales: La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la enseñanza.
  • Artículo 4b) El profesor, en el desempeño de su función docente, gozará de un clima de orden, disciplina y respeto a sus derechos en el ejercicio de la función docente.
  • Artículo 4c) El profesor, en el desempeño de su función docente, gozará del apoyo por parte de la Administración educativa, que velará para que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden conforme a la importancia social de la tarea que desempeña. A tal fin la Administración realizará campañas que aumenten su consideración y su prestigio social.

¿Cómo se puede firmar esta ley de Autoridad del Profesor y, al mismo tiempo, emprender una brutal campaña de detracción, insultos y desprestigio social hacia el profesorado? ¿Por qué esta criminalización de los profesores de la Pública? ¿El respeto a estas leyes es para todos o los Consejeros de Educación y los Presidentes de comunidades autónomas están exentos de cumplirlas?

Simplemente somos profesores que luchamos por nuestros derechos, por el futuro de nuestros alumnos y por evitar el desmantelamiento y la privatización de la Educación Pública. No somos delincuentes y exigimos el respeto que merecemos. La Presidenta de la CM y la Consejera de Educación nos deben, como mínimo, una disculpa pública.


2 comentarios:

Anónimo dijo...

Como siempre... impecable! Manda tu comentario a algún periódico para ver si te lo publican

Itaca dijo...

Estupendo Bob, francamente bueno.Te apunto una sugerencia si es posible ¿no podrías incluir el incidente en el que casi justificaba que un padre nos pegara? Mandalo ya a los periodicos gracias y gracias también por el blog