Afines, horarios y otros desastres

El gobierno de la Comunidad de Madrid, en su afán por asfixiar la Educación Pública y desprestigiarla frente a las opciones educativas concertada y privada (que son las que quieren potenciar exclusivamente), está permitiendo (y apoyando) algunas decisiones de la Consejería de Educación que resultan difícilmente explicables desde el punto de vista moral y legal, incluso.

A uno le da por pensar que no solo están buscando el ahorro económico del que siempre hablan en estos recortes de plantilla, ya que ese ahorro, en realidad, no es tal. 80 millones de euros es la cifra que Lucía Figar admitió que pretendían ahorrar con estas medidas; pero, no explicó que la gran mayoría de profesores que no van a trabajar este curso, pasarán a engrosar las listas del INEM. Con lo cual, ahorras 80 millones por un lado, pero le endosas una enorme deuda a las arcas de la Seguridad Social por otro. Además de crear, de golpe y porrazo, 3000 o 4000 desempleados más en un único colectivo profesional. La jugada es de lince. Pero es que, para más inri, no olvidemos que Lucía Figar es Consejera de Educación... y Empleo. 

Difícil hacerlo peor en dos departamentos al mismo tiempo.

Si a esto, le añadimos lo que comentaba en el primer post: que, por otro lado, se va a favorecer a los padres de alumnos de centros privados con 90 millones de euros en desgravación de impuestos, el asunto ya resulta feo de verdad.

Pero no queda ahí la cosa. Como decía al principio, en ese afán por desmantelar los centros públicos, la Consejería está imponiendo en los institutos madrileños una serie de medidas que hacen literalmente imposible el funcionamiento correcto de todos ellos. Dos aspectos fundamentales se llevan la palma en este sentido: la ilegalidad de la mayoría de horarios que están aplicando al profesorado y la coacción a la hora de impartir materias de especialidades que poco o nada tienen que ver con la propia o con al ámbito de las afines.

En cuanto al horario, no me voy a extender mucho aquí (podéis leerlo de forma más exacta en los enlaces que dejo a continuación). Pero, básicamente, la situación es esta: la Administración interpreta de forma torticera (utilizo este adjetivo porque es el que han utilizado algunos Inspectores de Educación) la Orden de 19 de junio de 1994, en el sentido de que no se están aplicando correctamente los periodos de compensación por aumento lectivo que marca la ley. Podéis leerlo aquí:

Explicación y reclamación de horarios.

Tabla de horarios según marca la normativa vigente (Orden de 29 de junio de 1994). 

Con respecto a las materias afines, el caos está siendo la norma general. Las Dats son una auténtica locura desde hace semana y media. Con los recortes (y la interpretación torticera, insisto, de los horarios), ha empezado el curso con 600 funcionarios de carrera sin destino aún. La desesperación de la Administración por intentar "colocarles" como sea, ha llegado a la situación siguiente:

• Se están dando puestos voluntarios a estos funcionarios en expectativa (con el consiguiente perjuicio a los interinos que los solicitaron en tiempo y forma). De tal manera que hay funcionarios a los que se está obligando a aceptar vacantes en Compensatoria, en Adultos, en PCPI... Y recordemos que este tipo de plazas son de elección voluntaria.
• Como aún así no hay vacantes suficientes, se están agrupando jornadas parciales en centros distintos (y algunos no demasiado cercanos) con tal de conseguir una jornada completa. Este tipo de plazas también deberían ser ofrecidas a los interinos, pues al igual que las anteriores, son voluntarias. Una cosa es una plaza itinerante (03), que sí se ofrecían siempre a los funcionarios en la adjudicación de principio de curso, y otra muy distinta es "pegar" 2 jornadas parciales (04) para salir del paso. Eso es una chapuza se mire como se mire.
• Pero es que, además, se está dando la circunstancia de que algunos funcionarios, están siendo obligados a aceptar sustituciones temporales. Como lo leen. Si esto no es un maltrato y un desprestigio del funcionariado docente, no sé qué puede serlo. Y, nuevamente, los perjudicados colaterales son los interinos (que son los que deben hacer las sustituciones, lógicamente).
• Pero, con todo, lo más escandaloso es lo de las afines. El otro día, en un programa de radio, Mariano Rajoy dijo que ningún profesor madrileño impartiría una materia que no fuera la suya o para la que no esté perfectamente preparado. Esperanza Aguirre, en una vuelta de tuerca más, amenazó a los profesores que dieran materias que no fueran las suyas con expedientarlos (en una muestra de cinismo alucinante, pues sabe perfectamente que estos profesores están siendo obligados por la Administración a aceptar esas afines). Lucía Figar sigue negando esta situación e insiste en que es una invención de los profesores. Pues bien, aquí hay algunos ejemplos bastante esclarecedores de quién dice la verdad y quien miente.

Así está el patio. Este curso, los alumnos que tengan un profesor de Lengua, de Matemáticas o de Inglés que realmente hayan estudiado Lengua, Matemáticas o Inglés, pueden sentirse muy afortunados. Los que no creo que estén contentos con esta situación, serán los padres. ¿Tan raro es querer que a su hijo le dé clase de Francés un profesor de Francés y no de Ciencias Sociales, por ejemplo? ¿Se imaginan tener que ser operados de la vista por un traumatólogo o un podólogo?

Animo a los padres preocupados por esta situación a que pidan cuentas a los culpables de la misma. Aquí hay un excelente modelo de reclamación que pueden depositar en cualquier Registro de los que se indican en el mismo.

Por último, hace un par de días, Lucía Figar dijo en algún medio de comunicación que se comprometía a reforzar todos aquellos centros en los que fuera necesario más personal. Desde aquí me gustaría pedirles a los directores de los centros que soliciten insistentemente esos medios personales que sabemos que faltan en casi todos los centros, por no decir en todos. Tomémosle la palabra a la Consejera. Estaría bien, además, hacer pública esa petición a través de algún tipo de comunicado oficial de ADIMAD (Asociación de Directores de Instituto de Educación Secundaria de la CM).

La pregunta es: ¿cumpliría ese compromiso la Consejera de hacerse pública la petición? Sería cuestión de probarlo.